A nosotros llega esta experiencia desgarradora: Una familia a la que hace años se le arrebató la custodia de su hijo, y ahora la patria potestad, y que continúa reclamando justicia. Sabemos que su situación ha contado con la solidaridad de vecinos y otros colectivos, así como de personas reconocidas en el mundo educativo y social como Enrique Martínez Requera.
Lo publicamos para hacer crecer la conciencia de las injusticias que viven los padres pobres y sus hijos. E invitamos a la reflexión a través de las preguntas que al final del texto introducen sus autores.
PARA TÍ, W, CUANDO LEAS ESTO.
Porque sabemos que algún día leerás esto y después de ver todo lo que tus padres han luchado hasta ahora y lo que nos queda por hacer, entenderás que nunca estuviste desamparado.
Dar “luz verde” a la adopción de W, supone que los padres biológicos dejan de ser padres a efectos jurídicos. Ante este hecho demoledor, está claro que las distintas muestras de apoyo (actividades, concentraciones, búsqueda de alianzas, vía judicial) no han sido suficientes para que W esté aquí, con sus padres y junto a sus dos hermanos. Por ello, algo nos hace pensar que pusiéramos los argumentos que pusiéramos sobre la mesa, la decisión de los organismos que supuestamente velan por la protección de la infancia, estaba ya tomada, sin ninguna apertura a la escucha de quienes defendemos que W vuelva con su familia. Al principio, eran las acusaciones de malos tratos las que el ICASS sostenía. Luego, al no tener ningún tipo de base para sostener dicha acusación y tras la absolución de Monike y Ferdinand por parte del juzgado penal, fue la “negligencia” la que tomó protagonismo. Finalmente, y tras los hechos recientes, la causa que ha determinado la adopción ha sido el supuesto desamparo que ocurrió en uno de los ingresos hospitalarios en donde, según la audiencia, los padres tardaron 48 horas en llevar a su hijo a urgencias tras haberse roto un hueso.
En todo este asunto, hasta el número de horas carece de veracidad. Los padres pasaron una noche sin llevar a urgencias a su hijo, lo que no implicó una falta de atención ni un cese en el ánimo de protegerle. Hechos como el propio vendaje que le hicieron en la pierna lo demuestran. Posteriormente, al acudir a urgencias tras comprobar que W no se encontraba bien, la dificultad para hablar castellano fue la causa de que la conclusión fuese determinar en un informe “48 h”.
Existe información a disposición de todos para desmontar, tanto las anteriores acusaciones, como los hechos que justifican la adopción. Por ello, más allá de volver a entrar en “que si pasó esto que si pasó lo otro”, lo que está claro es que, quienes tienen como única fuente unos informes con nula perspectiva del contexto cultural del que proviene la familia, e inmersos en un proceso lleno de irregularidades, resulta comprensible que tengan tan claro llegar hasta tal extremo. Por el contrario, quienes han ido más allá y han compartido momentos con monike, Ferdinand y sus hijos, tienen una visión, cuanto menos, muy diferente.
¿Cuál es el perfil de las familias que tienen problemas con los servicios sociales ante las acusaciones de desamparo y desprotección? Independientemente de que el caso de W sea una situación con muchos matices que lo diferencian de otros, y de que existan situaciones en los que la violencia contra los niños es explícita y requiera de atención, ¿es casualidad que la exclusión social sea el determinante principal de las familias intervenidas y separadas?
¿Es posible que las buenas intenciones, que presuponemos, de muchos de los trabajadores de los servicios sociales, puedan justificar una maquinaria que mueve tanto dinero por niño apartado, y que sólo entiende por resolución de conflictos la judicialización de los problemas sociales y la represión de las familias más vulnerables? Tenemos claro al lado de quienes estamos. Nada ha cambiado en ese sentido.
Asamblea por la libertad de W