Publicamos este artículo por la repercusión que tiene sobre la morbi-mortalidad perinatal no tener controles sanitarios adecuados durante la gestación.
BEATRIZ PÉREZ
25/10/2018
Instan al Gobierno a no aplazar más la adopción del reglamento que armonice la aplicación de la norma. Este retraso ha generado una confusión administrativa que deja fuera a embarazadas y menores sin tarjeta.
Unas 300 organizaciones sociales de toda España denuncian que el real decreto ley 7/2018 aprobado por el PSOE en julio para supuestamente devolver la sanidad pública a toda la ciudadanía sigue manteniendo la exclusión. Las entidades, agrupadas en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder), valoran la nueva norma como un «paso muy positivo» tras el real decreto del PP de hace seis años. Pero aseguran que la ley socialista «no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria» y tampoco asegura «la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables o la atención en urgencias».
A través del informe ‘No dejar a nadie atrás’, critican que el retraso en el desarrollo del reglamento del real decreto ley 7/2018 ha traído consigo cinco problemas. Uno de ellos es la existencia de 17 coberturas sanitarias diferentes, en las que cada comunidad autónoma exige requisitos de distinto acceso a la sanidad. También denuncian que el padrón municipal sigue siendo una barrera, pues la mayoría de las comunidades exigen tres meses de empadronamiento para ser atendido en un centro público, pese a que este requisito no figura en la ley.
Además, según el documento, la ley socialista no especifica que los colectivos más vulnerables pueden recibir atención en cualquier circunstancia y, por tanto, «se están dado casos de exclusión sanitaria a embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias». Además, califican de «imposibles» de cumplir los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud. «Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable», denuncian las entidades.
ASCENDIENTES REAGRUPADOS
El informe denuncia también la situación de los ascendientes reagrupados (madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso legal), quienes siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. También señala a Murcia y Galicia como las comunidades en las que más dificultades se han registrado en el último trimestre para conseguir atención. «En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de seis a tres meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla», asegura Reder.
Es por eso que las entidades instan al Gobierno a no aplazar más la adopción del reglamento que armonice la aplicación del real decreto ley 7/2018 para así de verdad «garantizar el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de la situación administrativa» de las personas.
Según Reder, desde el 2014 y hasta ahora, el sistema de salud público español ha dejado fuera al menos a 4.755 personas. En la realidad son muchas más, porque estas casi cinco mil personas son las que ha podido notificar la entidad. Entre ellas había 194 mujeres embarazadas y 322 menores de edad. Ha habido además 443 casos contabilizados de denegación de atención o facturación indebida en urgencias.
Un total 68 de estas denuncias fueron de personas con algún tipo de cáncer, otras 45 con VIH, 116 con diabetes, 92 con hipertensión, 88 con enfermedades cardiovasculares y 68 con alguna enfermedad de salud mental grave.
Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/entidades-denuncian-decreto-psoe-mantiene-exclusion-sanitaria_1287045.html