Queremos dar voz al dolor, injusto y evitable, de madres mexicanas por la desaparición y/o muerte de sus hijos. El negocio de la inmigración, la trata de personas y la explotación está detrás. Con complicidad de gobiernos y organismos internacionales:
En el pueblo de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, a tres horas de la capital, detrás del mercado de abastos, en el barrio de la Insurgente, tras un portón negro, junto a un almendro y dos árboles de papaya, en dos cuartos deslucidos con goteras en el techo, allí, vive el dolor.
Esta tarde el dolor tiene tos, malestar en los pulmones, mide algo más de metro y medio, es mujer, separada y tiene 52 años. Se llama Zenaida Candía Espinobarros y llora cada dos por tres porque le faltan dos hijos y, dice, no puede hacer nada, nadie le hace caso. Se suena la nariz con el cuello de la blusa y exclama: “¡Que le quiten al Gobierno a un hijo, a ver qué siente!”, como si el Gobierno mexicano, comandado por Enrique Peña Nieto, del PRI, fuera una persona, una persona que pierde dos hijos como ella: uno en 2012, cuando salió una tarde de la casa y ya no volvió y otro el mes pasado, cuando un sicario le disparó desde una moto en la puerta de la casa de su novia.
La evidente gravedad de su caso aumenta a tenor de la desidia de quienes deberían protegerla, a ella y a su familia. Desde hace un año, la señora Zenaida y otros vecinos de Iguala salen a buscar a sus familiares desaparecidos en los cerros que rodean la ciudad. Buscan, en realidad, cementerios clandestinos, fosas comunes donde podrían haber enterrado sus cuerpos. La señora Zenaida busca a su hijo mediano. Se llama Juan Carlos y trabajaba de albañil. La tarde del 3 de septiembre de 2012 salió del cuarto que compartía con su esposa, a la vuelta de la casa de su mamá. Marchó con un amigo y ya no volvió.
Todo empezó en octubre del año pasado, semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, sicarios de una banda de delincuentes que opera en la zona, los Guerreros Unidos, secuestraron a los muchachos en Iguala en connivencia con autoridades locales, policías municipales de Iguala y del vecino pueblo de Cocula. Entonces, los padres de los desaparecidos llegaron de otros pueblos de Guerrero a buscar a los suyos en la sierra que rodea la ciudad. Animados por los familiares de los 43 estudiantes, los otros, los de Iguala, los que habían callado por miedo, empezaron a buscar también. Sin embargo, la atención mediática menguó y se quedaron solos, en la sierra, con lo puesto.
Algunos empezaron a recibir amenazas, lo que provocó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El 21 de septiembre de este año, el comité envió una carta al Gobierno mexicano para que protegiera a la señora Zenaida, a otros 12 pescadores de fosas y a sus respectivas familias. No le hicieron caso. El 26 de octubre el hijo menor de Zenaida, Luis, fue acribillado cuando iba a acompañar a su novia al médico. Moriría 10 días más tarde. El 10 de noviembre la Comisión Interamericano de Derechos Humanos denunció que la familia Candía Espinobarros carecía de protección pese a la petición de la ONU, e insistió al Gobierno de Peña Nieto en que asumiera su responsabilidad. El 9 de diciembre, la ONU exhortó de nuevo al Ejecutivo mexicano a que protegiera la vida de Zenaida y de los otros pescadores. Y, de momento, nada.
En un país con tantos desaparecidos como muertos en carreteras —unos 25.000 desde 2007—, el Ejecutivo ha puesto en marcha una iniciativa de ley contra la desaparición forzada. La semana pasada, el presidente Peña Nieto aprovechó la ceremonia de entrega del premio nacional de derechos humanos para anunciar la medida, que ahora debe debatir el Congreso. Se dio la casualidad de que las palabras de Peña Nieto llegaron un día después de la segunda carta del comité de la ONU.
El 10 de noviembre la Comisión Interamericano de Derechos Humanos denunció que la familia Candía Espinobarros carecía de protección pese a la petición de la ONU
Temor a represalias
Desde que desapareció su hijo Juan Carlos, la señora Zenaida no ha recibido una sola llamada, una carta, algo que indique que alguien le hace caso, que alguien se preocupa por su dolor. Desde que murió Luis, el pequeño, tampoco.
Ella sigue saliendo a los cerros. En estos meses, los buscadores, a veces solos, a veces en compañía de las autoridades, han ubicado más de 60 fosas y 100 cadáveres. Parece que se justifica, como si su búsqueda careciera de un motivo entendible: “Uno sé dónde está, ya lo enterré, a veces voy al panteón. Pero el otro… No sé nada”.
Es la incertidumbre, el no saber, la imposibilidad de descansar. A veces, cuenta, se acuerda de que su hijo Luis casi se va a Estados Unidos. Temiendo represalias por buscar al hermano mediano, le convenció para que dejara la fábrica de pan donde trabajaba y probara suerte en el norte. Pero el coyote, dice, le falló. Luis pasó dos días en un túnel esperando su contacto. “Luego me habló y me dijo que estaba muy feo aquello, que en el túnel había mucha calaverita, mucho hueso”.
Después llegó la migra y lo mandaron de vuelta a México. “Se hubiera quedado y…”, cuenta, pensando lo que no fue.
Esta tarde, que ya es casi noche, la mujer, el dolor, describe cómo ella y su grupo van al cerro, cómo buscan fosas clandestinas, cómo las encuentran. Cuando creen que han encontrado una —por el color de la tierra, por la textura que presenta, por la falta de vegetación—, toman una varilla, la hunden, la sacan y la huelen. Si huele mal, “es que hay muertitos”, dice. El éxito depende del mal olor.
Madres en lucha
Cuarenta y ocho madres de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua viajaron el 30 de noviembre a México como parte de la XI Caravana de la Esperanza, en busca de hijos desaparecidos en la ruta migratoria entre Centroamérica y Estados Unidos.
Las madres recorrieron siete entidades hasta llegar a Ciudad de México en busca de sus hijos desaparecidos, dijo a Efe en El Progreso, departamento de Yoro, norte de Honduras, la presidenta del Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), Rosa Nelly Santos.
«Son madres que llevan años sufriendo por hijos desaparecidos, pero no pierden la esperanza de encontrarlos vivos o muertos», subrayó la titular del COFAMIPRO, un organismo privado que espera que el Gobierno les ayude facilitándoles a las hondureñas un autobús hasta la frontera con México.
El drama y dolor de las madres del COFAMIPRO es el mismo de muchas otras de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que han perdido a uno, dos o más hijos u otros familiares en la peligrosa ruta migratoria que comienza en la frontera entre Guatemala y México.
Esa ruta representa la vida o la muerte para muchos migrantes que en busca de empleo o familiares que viven de manera legal o ilegal en Estados Unidos se aventuran a viajar.
Muchas de las madres de las Caravanas de la Esperanza nunca supieron qué es despedir a un pariente en un aeropuerto internacional viajando legalmente, con visa, sin exponer su vida.