El programa Dispatches, del Canal 4 británico, emitió recientemente un documental que denunciaba cómo en numerosos hospitales público-privados del país (los denominados Health trusts, incluidos en el sistema público pero con una gestión semiprivada) se incineran sistemáticamente los fetos abortados. Aunque la incineración es legal en el Reino Unido, existen guías de actuación que recomiendan limitar este tipo de intervenciones y, en todo caso, separar los restos humanos del resto de desechos para salvaguardar la dignidad de los fetos.
El documental también alertaba de que en al menos dos hospitales –uno público y otro privado– la incineración de fetos abortados se utilizaba para producir energía. Las reacciones no se han hecho esperar. Dan Poulter, del Ministerio de Salud, salió al paso en seguida para señalar que esta práctica es “totalmente inaceptable”. Por ello, explicó, había pedido al director del sistema Nacional de Salud, Bruce Keogh, que lo recordara a los directivos de todos los trusts.
Personalizar al feto, con todas las consecuencias En su carta, Keogh señala que, pese a que la incineración es legal, el respeto al cadáver y a los padres aconseja utilizar “otros métodos más dignos”. La organización SANDS, que presta apoyo a las familias que han perdido a su hijo durante el embarazo o el parto, coincide en la conveniencia de utilizar otros métodos más “personalizadores”: “feto no es una palabra que los padres utilicen habitualmente para referirse a sus hijos, ni que deba usarse con ellos. Desde el día en que el embarazo se confirma, están esperando un bebé”.