Las regulaciones estatales entraron en vigor el 19 de diciembre. Son obligatorias para los centros de salud o clínicas de aborto y la ley no exige participación alguna de los pacientes en el proceso. El objetivo es tratar los restos de los seres humanos-sin importar cuánto tiempo vivieron o cómo murieron-con dignidad, caridad y respeto.
El entierro ya era una opción legal para disponer de los cuerpos, pero la norma incluía la posibilidad de “deposición en un relleno sanitario”, y la destrucción de los tejidos y el descarte de los mismos en un sistema de alcantarillado sanitario, opciones que quedaron descartadas.